Ya no hay desahucios, dicen. Un problema social menos

En 2013, el Gobierno del Partido Popular reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reduciendo la duración de los alquileres de cinco a tres años, agilizando el procedimiento de desahucio por impago de la renta y desvinculando la actualización de la renta del índice de precios al consumo (IPC), con lo que el propietario puede, si así lo desea y claro que lo desea, aumentar la renta por encima del coste de vida.

Ello supuso que el arrendamiento fuese visto como un régimen de tenencia inestable, precario y transitorio: la reforma de la LAU de 2013 nos ha llevado a una agravada situación de permanente inseguridad y emergencia habitacional.

La LAU y en concreto, su última reforma, responde a las exigencias de los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda, que siempre han pretendido que el mercado del alquiler se flexibilizase para que especular y obtener altas rentabilidades fuese mucho más sencillo.

Esto se tradujo en que en desde el año 2017, el precio del alquiler en Pamplona se incrementase en un 26% (cifras que maneja la inmobiliaria navarra Hábitat). Consecuencia lógica de lo expuesto, es el hecho de que entre 2013 y 2016 han tenido lugar 1.632 lanzamientos en Navarra, según publica el último Plan de Vivienda 2018-2028, siendo el 60% de estos desahucios de alquiler (datos extraídos del Consejo General del Poder Judicial).

El problema de la vivienda saltó en el año 2008 como desahucios hipotecarios de viviendas compradas antes de que la burbuja inmobiliaria explotara, convirtiéndose en tema mediático y socialmente sensible. La venta de pisos y la facilidad de préstamos hipotecario fue un robo organizado. Hoy, debido en parte a la labor de las PAHs y en parte al agotamiento de posibilidades de seguir robando, el problema de los desahucios hipotecarios se frena y desaparece del panorama mediático. El problema de la vivienda se agrava pero desaparece de nuestro ranking de preocupaciones.

En Pamplona se calculan 5.000 viviendas vacías, 348 de las cuales son de entidades bancarias, además de las que tienen otros grandes tenedores como la iglesia. Habiendo exceso de viviendas el acceso a ellas está convirtiéndose en un imposible para buena parte de la población. Los alquileres se disparan debido a la falta de regulación e intervención política. “Antes desocupado que barato”, es el equivalente al antes muerto que sencillo de nuestros personajes de la prensa rosa; proceso ayudado por el incremento de demanda de alojamiento turístico y ocasional.

Las instancias políticas se muestran impotentes. Es la impotencia de la falta de voluntad y decisión. Abandonada a la libertad de mercado, cuando la vivienda es considerada un negocio y no un bien necesario, la satisfacción de necesidad habitacional (como energética, alimentaria…) se convierte en inalcanzable. El mercado, el mercado capitalista, es capaz de engullir todo lo que se le eche. Y en el tema de la vivienda el mercado anda a sus anchas: solo hay un 2% de vivienda social, cuando la media europea ronda el 20%.

En el mejor de los casos, en el de los “gobiernos del cambio”, empeñados en presentarse como buenos gestores de lo existente, su “bondadosa política social” de rentas garantizadas y subvenciones, siempre irá por detrás y será insuficiente para paliar la voracidad de los mercados. Al contrario, los alimenta y empuja al alza. Por más que necesarias, las políticas meramente asistenciales son insuficientes, y se revelarán inviables en la medida en que lo público vaya adelgazando y lo privado engordando a su costa.

Sin unos impuestos que graven fuertemente a grandes tenedores y también a toda vivienda vacía; sin un parque de vivienda pública suficiente para embridar la libertad de los mercados, la vivienda seguirá siendo un problema, y un problema creciente.

Pero esas u otras medidas parecen lejanas cuando ni gobierno de Navarra ni ayuntamiento de Pamplona, ambos “del cambio”, han sido capaces siquiera de rehabilitar y poner a disposición las viviendas de su propiedad.

Como en tantos otros temas, no podemos esperar a que la solución a nuestros problemas nos venga desde fuera, la tenemos que impulsar nosotras. Lo que las PHAs vienen haciendo con el tema de los desahucios hipotecarios, tendremos que hacerlo colectivamente con el problema, más general, de la vivienda: una necesidad básica, no un negocio.