Ya no hay desahucios, dicen. Un problema social menos
En 2013, el Gobierno del Partido Popular reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reduciendo la duración de los alquileres de cinco a tres años, agilizando el procedimiento de desahucio por impago de la renta y desvinculando la actualización de la renta del índice de precios al consumo (IPC), con lo que el propietario puede, si así lo desea y claro que lo desea, aumentar la renta por encima del coste de vida. Ello supuso que el arrendamiento fuese visto como un régimen de tenencia inestable, precario y transitorio: la reforma de la LAU de 2013 nos ha llevado a una agravada situación de permanente inseguridad y emergencia habitacional.