Rescatemos a las familias, no a los bancos
El miércoles 15 de noviembre las PAHs de Navarra se concentraron delante del banco Popular de Carlos III. La acción estaba encuadrada en una campaña general por la aprobación en el Congreso de una nueva Ley de Vivienda. Con estas acciones se trataba de reclamar la dación en pago con efecto retroactivo.
Ya en el año 2013 se presentó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba la dación en pago retroactiva como medida protectora frente a las deudas impagables que habían contraído cientos de miles de familias. Hablamos de hipotecas llenas de cláusulas abusivas e intereses descontrolados, que convirtieron el pago de las cuotas en un infierno.
A una familia que no pague únicamente tres plazos, independientemente del motivo, el banco le puede reclamar toda la deuda restante. Con lo que familias que por problemas de merma de sus recursos debían menos de 2.000 euros, se veían de repente en la dramática situación de que el banco les reclamaba el pago de golpe de cifras de 200.000 euros o más.
Hasta 700.000 familias han pasado por un proceso de ejecución hipotecaria. Nunca mejor dicho: han sido ejecutadas, expulsadas de su hogar y acumulando deudas impagables. Familias que ven embargados sus sueldos para pagar los intereses de una deuda que no baja, siendo a la vez incluidos en listas de morosos impidiéndoles llevar una vida regularizada, condenándoles a vivir en negro.
Precisamente por esta razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ocho veces la ley hipotecaria española como ilegal y anómala, lo que ratifica la exigencia de la dación en pago retroactiva. Aun así, los gobiernos de turno han mirado hacia otro lado, protagonizando el rescate a la banca con dinero público de todas nosotras, que el Banco de España cifra ya en más de 60.000 millones de pérdidas. Han socializado las pérdidas y privatizado los beneficios.
El mantenimiento a ultranza de la Ley de Vivienda, que ha arruinado a esas 700.000 familias, es otro apartado de ese rescate bancario. Por la presión de la PAH, el gobierno del PP se vio en la obligación de fingir que le interesaba solventar el problema. En 2013 sacó el Código de Buenas Prácticas, cuyos requisitos para la concesión de la dación son tan restrictivos que no se ha llegado ni al 0’5% de las familias afectadas. Un Código que ha resultado del todo ineficaz.
En contraposición, las familias proponen un texto de ley llamado la Ley Vivienda PAH, con el que se pone sobre la mesa medidas contra el sobreendeudamiento para llegar al 100% de las personas en emergencia. Estas medidas suponen la cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual, incluyendo casos en los que se haya ejecutado a la familia; el establecimiento de la responsabilidad limitada, siendo suficiente la entrega de la vivienda para cancelar la deuda hipotecaria; la imposibilidad de embargar la vivienda habitual de avalistas, fiadores e hipotecantes no deudores; y un análisis por oficio de las cláusulas abusivas.
El problema actual es que no existe vivienda de alquiler social, la única a la que podría acceder las personas y familias en riesgo de exclusión, ni tampoco voluntad política de ponerle remedio. De lo que se trata es de mantener el negocio de la vivienda, permitiendo la actual escalada de los precios del mercado de alquiler. La dación en pago no va solucionar el problema de la vivienda pero sí aliviaría la situación a la que injustamente han sido condenadas tantas familias.
Ya en el año 2013 se presentó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba la dación en pago retroactiva como medida protectora frente a las deudas impagables que habían contraído cientos de miles de familias. Hablamos de hipotecas llenas de cláusulas abusivas e intereses descontrolados, que convirtieron el pago de las cuotas en un infierno.
A una familia que no pague únicamente tres plazos, independientemente del motivo, el banco le puede reclamar toda la deuda restante. Con lo que familias que por problemas de merma de sus recursos debían menos de 2.000 euros, se veían de repente en la dramática situación de que el banco les reclamaba el pago de golpe de cifras de 200.000 euros o más.
Hasta 700.000 familias han pasado por un proceso de ejecución hipotecaria. Nunca mejor dicho: han sido ejecutadas, expulsadas de su hogar y acumulando deudas impagables. Familias que ven embargados sus sueldos para pagar los intereses de una deuda que no baja, siendo a la vez incluidos en listas de morosos impidiéndoles llevar una vida regularizada, condenándoles a vivir en negro.
Precisamente por esta razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ocho veces la ley hipotecaria española como ilegal y anómala, lo que ratifica la exigencia de la dación en pago retroactiva. Aun así, los gobiernos de turno han mirado hacia otro lado, protagonizando el rescate a la banca con dinero público de todas nosotras, que el Banco de España cifra ya en más de 60.000 millones de pérdidas. Han socializado las pérdidas y privatizado los beneficios.
El mantenimiento a ultranza de la Ley de Vivienda, que ha arruinado a esas 700.000 familias, es otro apartado de ese rescate bancario. Por la presión de la PAH, el gobierno del PP se vio en la obligación de fingir que le interesaba solventar el problema. En 2013 sacó el Código de Buenas Prácticas, cuyos requisitos para la concesión de la dación son tan restrictivos que no se ha llegado ni al 0’5% de las familias afectadas. Un Código que ha resultado del todo ineficaz.
En contraposición, las familias proponen un texto de ley llamado la Ley Vivienda PAH, con el que se pone sobre la mesa medidas contra el sobreendeudamiento para llegar al 100% de las personas en emergencia. Estas medidas suponen la cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual, incluyendo casos en los que se haya ejecutado a la familia; el establecimiento de la responsabilidad limitada, siendo suficiente la entrega de la vivienda para cancelar la deuda hipotecaria; la imposibilidad de embargar la vivienda habitual de avalistas, fiadores e hipotecantes no deudores; y un análisis por oficio de las cláusulas abusivas.
El problema actual es que no existe vivienda de alquiler social, la única a la que podría acceder las personas y familias en riesgo de exclusión, ni tampoco voluntad política de ponerle remedio. De lo que se trata es de mantener el negocio de la vivienda, permitiendo la actual escalada de los precios del mercado de alquiler. La dación en pago no va solucionar el problema de la vivienda pero sí aliviaría la situación a la que injustamente han sido condenadas tantas familias.
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